LOS RECURSOS EN LA LEY 47-25

Revisión de las decisiones administrativas en la Ley 47-25: cómo operan la reconsideración y el recurso jerárquico impropio

La Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas reorganiza el control de legalidad dentro de los procedimientos de selección de proveedores y establece un régimen especial de recursos administrativos para impugnar actuaciones dictadas durante la fase precontractual. Ese diseño convive con una regla clave: cuando la controversia nace en la ejecución del contrato, ya no rige ese régimen especial, sino el régimen común de recursos administrativos de la normativa general de procedimiento administrativo, en particular la Ley núm. 107-13. Esa distinción no es técnica menor; define la vía correcta, los plazos y el alcance del control.

En términos prácticos, el objeto de estos recursos abarca decisiones especialmente sensibles dentro del procedimiento de contratación: la designación de peritos, la aprobación de procedimientos ordinarios o de excepción, ciertos actos preparatorios o de trámite cualificados, la aprobación del pliego de condiciones y sus adendas, y el acto de adjudicación, según el nivel de competencia que corresponda dentro de la entidad contratante. A ello se añade un dato estratégico para cualquier oferente: conforme al esquema de la ley, estos recursos no tienen efecto suspensivo, por lo que la sola interposición del recurso no paraliza automáticamente el curso del procedimiento.

La legitimación activa también está claramente orientada por el interés afectado. Pueden recurrir, en esencia, los interesados u oferentes potenciales cuyos derechos o intereses legítimos resulten impactados por decisiones del procedimiento, los oferentes afectados por actos de trámite, y quien resulte perjudicado por el acto de adjudicación. No basta una inconformidad abstracta: debe existir una afectación concreta y defendible. Ese punto es central, porque en contratación pública la discusión no gira solo sobre el desacuerdo, sino sobre la capacidad jurídica real para activar el control administrativo.

Desde el punto de vista formal, el recurso debe presentarse por escrito, incluso en formato digital cuando la plataforma o el canal habilitado lo permitan, e identificar con precisión: la parte recurrente o su representante, la entidad recurrida, el acto impugnado, la copia del acto cuando sea posible, la relación de hechos, los medios de derecho y el petitorio. En este terreno, la forma no es un simple ritualismo: una impugnación mal estructurada facilita inadmisiones tempranas y debilita la defensa.

Recurso de reconsideración

La reconsideración es el primer escalón del sistema recursivo. Se interpone ante la propia entidad que dictó la actuación impugnada y funciona como una oportunidad formal para que la administración revise su propia decisión. En la práctica, muchas veces no produce una rectificación de fondo, pero sigue siendo una pieza táctica importante: permite fijar agravios, ordenar la prueba y construir el expediente para una eventual fase posterior. Conforme al régimen descrito por la Ley 47-25 y su reglamento, debe interponerse dentro de diez días hábiles contados desde que el acto es eficaz frente al administrado; es decir, desde que ha sido válidamente notificado o ha producido publicidad suficiente, según el caso.

Una vez depositado, la entidad examina su admisibilidad, y puede incluso declarar la inadmisión de oficio. Si lo admite, debe dar traslado a las demás partes interesadas, quienes disponen de un plazo para presentar escritos y pruebas. Luego, el expediente queda en estado de ser decidido dentro del plazo legal correspondiente. El punto fino aquí es que la falta de una inadmisión inicial no impide que la autoridad la declare más adelante, siempre que lo haga antes de dictar la decisión definitiva. El reglamento es expreso en ese sentido, lo que obliga a litigar con disciplina formal hasta el final del trámite.

Recurso jerárquico impropio

Si la reconsideración no prospera, el sistema abre la puerta al recurso jerárquico impropio, cuya competencia corresponde a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Se interpone dentro de diez días hábiles contados desde la notificación de la decisión recaída sobre la reconsideración, y su instrucción sigue una lógica semejante, aunque con plazos propios de decisión y posibilidad de prórroga cuando existan causas justificadas.

Pero aquí conviene marcar el límite decisivo: la DGCP ejerce un control de legalidad, no una sustitución integral del criterio técnico de evaluación. Según el reglamento, puede anular total o parcialmente o revocar la decisión administrativa si verifica actuaciones contrarias al ordenamiento, pero no puede abocarse a evaluar ofertas ni ordenar la adjudicación a un proveedor determinado. Este es el núcleo del recurso jerárquico impropio: corrige ilegalidades, pero no convierte al órgano rector en comité evaluador ni en órgano adjudicador.

Carácter optativo y relación con la vía jurisdiccional

Otro elemento de alto valor práctico es que estos recursos administrativos tienen carácter optativo. En consecuencia, el administrado puede acudir directamente a la vía jurisdiccional. Sin embargo, la elección de la vía judicial desplaza la administrativa para ese conflicto concreto. En cambio, quien inició la vía administrativa puede, en las condiciones legales aplicables, desistir de ella y accionar ante la jurisdicción competente; también puede acudir al contencioso una vez exista decisión administrativa o cuando haya vencido el plazo para decidir. Esa arquitectura responde a una lógica clara: la ley no obliga a agotar la vía administrativa como presupuesto absoluto, pero sí exige coherencia procesal y evita la duplicidad simultánea de vías.

Conclusión

La verdadera utilidad de este régimen no está en presentar recursos por inercia, sino en saber cuándo, contra qué acto y con qué objetivo recurrir. En contratación pública, una impugnación eficaz no se limita a protestar: debe identificar el acto recurrible, acreditar legitimación, cumplir rigurosamente con la forma y comprender el alcance real de la autoridad revisora. La reconsideración sirve para estructurar el conflicto; el jerárquico impropio, para someterlo al control de juridicidad de la DGCP; y la vía contenciosa sigue siendo la salida cuando el control administrativo no basta o no conviene. Sobre esa base se construye una defensa técnica seria dentro del nuevo marco de la Ley 47-25.

Review of Administrative Decisions Under Law 47-25: How Reconsideration and the Improper Hierarchical Appeal Work

Law No. 47-25 on Public Procurement restructures legality review within supplier-selection procedures and establishes a special administrative appeals regime to challenge administrative actions issued during the pre-contractual phase. That system operates alongside a critical rule: when the dispute arises during contract performance, the special regime no longer applies, and the matter falls instead under the ordinary administrative appeals framework of the general administrative procedure rules, particularly Law No. 107-13. This distinction is not minor; it determines the proper avenue, the applicable deadlines, and the scope of review.

In practical terms, these appeals may target particularly relevant procurement decisions: the appointment of experts, the approval of ordinary or exceptional procedures, certain qualified preparatory or interlocutory acts, the approval of the bidding terms and conditions and their amendments, and the award decision, depending on which body within the contracting entity had authority to issue it. One strategic point for any bidder is that, under the law, these appeals do not have suspensive effect, meaning that filing an appeal does not automatically halt the procurement process.

Standing is tied to actual legal impact. In essence, those entitled to appeal include interested parties or potential bidders whose rights or legitimate interests are affected by a procurement decision, bidders harmed by procedural acts, and any party adversely affected by the award decision. Mere disagreement is not enough; there must be a specific and defensible legal injury. In public procurement, the issue is not simply dissatisfaction, but whether the appellant has a genuine legal basis to trigger administrative review.

As a formal matter, the appeal must be filed in writing, including by digital means where permitted, and should clearly identify: the appellant or legal representative, the contracting authority, the challenged act, a copy of the challenged act where available, the relevant facts, the legal grounds, and the relief requested. Here, form is not empty ceremony: a poorly structured appeal invites early inadmissibility and weakens the challenge from the outset.

Motion for Reconsideration

Reconsideration is the first step in the appeals framework. It is filed before the same authority that issued the challenged act and serves as a formal opportunity for the administration to review its own decision. In practice, it often does not produce a substantive reversal, but it remains strategically important because it helps frame the grievance, organize the evidence, and build the record for any later stage. Under Law 47-25 and its implementing regulation, it must be filed within ten business days from the moment the act becomes effective against the affected party—that is, once it has been validly notified or duly published, as applicable.

Once filed, the authority reviews admissibility and may even declare the appeal inadmissible on its own initiative. If admitted, the other interested parties must be notified and given time to file written submissions and evidence. After that, the case is ready for decision within the applicable statutory period. The key procedural point is that the absence of an initial inadmissibility ruling does not prevent the authority from declaring inadmissibility later, as long as it does so before issuing the final decision. The regulation states this expressly, which means procedural discipline remains essential throughout the entire process.

Improper Hierarchical Appeal

If reconsideration fails, the system allows for an improper hierarchical appeal, which is heard by the General Directorate of Public Procurement (DGCP). It must be filed within ten business days following notice of the reconsideration decision. Its processing is broadly similar, although the decision periods differ and may be extended where justified.

The decisive limit is this: the DGCP exercises a legality review, not a full substitution of the technical evaluation carried out by the contracting entity. Under the regulation, it may annul in whole or in part or revoke the administrative decision if it finds conduct contrary to the governing rules, but it may not evaluate bids or order the award of the contract to a specific supplier. That is the core of the improper hierarchical appeal: it corrects illegality, but it does not transform the governing authority into an evaluation committee or awarding body.

Optional Nature and Judicial Review

Another highly relevant point is that these administrative appeals are optional. Therefore, the affected party may go directly to the judicial route. However, choosing the judicial route displaces the administrative one for that specific dispute. By contrast, a party who first uses the administrative route may, under the applicable legal conditions, withdraw and then proceed before the competent court; likewise, judicial review may be sought once the administrative decision has been issued or once the legal time limit for deciding has expired. The structure is clear: the law does not impose exhaustion of administrative remedies as an absolute prerequisite, but it does require procedural coherence and avoids simultaneous duplication of routes.

Conclusion

The real value of this framework is not in filing appeals mechanically, but in knowing when, against which act, and for what purpose to challenge an administrative decision. In public procurement, an effective appeal is more than a protest: it must identify an appealable act, establish standing, comply strictly with formal requirements, and understand the true scope of the reviewing authority. Reconsideration helps structure the dispute; the improper hierarchical appeal submits it to the DGCP’s legality review; and judicial review remains available when administrative control is insufficient or strategically unwise. That is the foundation of serious legal defense under the new regime of Law 47-25.